Inicio de una nueva era 

Opinión de Pedro Amaral Jorge, presidente de APREN – Asociación Portuguesa de Energías Renovables, sobre los desafíos de la transición energética

El año 2020 ha sido un año de avances y oportunidades en el sector de la electricidad renovable. Comenzó con la comunicación del Pacto Verde Europeo, un paquete de medidas con vistas a lograr la neutralidad carbónica de Europa en 2050, en respuesta a la declaración de emergencia climática del Parlamento Europeo, en la que se exigía un mayor compromiso por parte de los distintos actores para lograr el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % hasta 2030, en comparación con 1990.

También se aprobó el Plan Nacional de Energía y Climático para 2030, donde se apuntó el objetivo del 80 % para la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables (FER) hasta 2030, juntamente con el aumento de la capacidad instalada de todas las tecnologías renovables, que deberá alcanzar un total mínimo de 28,7 GW, partiendo de los actuales 14,5 GW.

Por último, pero no por ello menos importante, se aprobó la Estrategia Nacional para el Hidrógeno Verde, en la cual se prevé la instalación de entre 2 y 2,5 GW de electrolizadores (potencia equivalente de electrolización) hasta 2030, con el objetivo de producir hidrógeno a partir de la electricidad generada por fuentes de energía renovable (hidrógeno verde).

2020 también estuvo marcado por la subasta de capacidad solar fotovoltaica en la que se asignaron 670 MW, de los cuales 483 MW correspondieron a la nueva modalidad dedicada a proyectos de almacenamiento, de nuevo con valores de tarifa que aparentemente sorprenderán al sector. Con una apuesta clara del Gobierno por un tipo de subasta que contribuya a la generación de beneficios por el sistema eléctrico, se pudo asistir, al igual que en 2019, a una carrera por los escasos puntos de conexión de la red eléctrica, dando como resultado una elevada competitividad por asegurarse un punto de conexión a la RESP y generar electricidad renovable en el territorio luso.

Como respuesta a la crisis provocada por la pandemia, la Unión Europea avanzó un paquete de medidas económicas como condición básica para la recuperación económica. Este paquete de 1.824 mil millones de euros incluye 1.074 mil millones en el ámbito del Marco Financiero Plurianual para 2021-2027 y otros 750 mil millones para el Next Generation EU, de los cuales un 30 % van destinados a la descarbonización. Representa, pues, una gran oportunidad de desarrollo para el sector de las renovables en Europa y Portugal.

En lo que respecta a la producción de electricidad, todos los centros de producción eléctrica de Portugal Continental generaron en 2020 un total de 49.324 GWh de electricidad, procedentes en un 61,7 % de fuentes renovables. Este total correspondió mayoritariamente a las tecnologías hídrica y eólica, con un 28 % y un 24%, respectivamente.

La producción de electricidad a partir de combustibles fósiles presentó un descenso del 5,6 % frente a 2019, debido a la reducida tasa de uso del 32 % de las centrales, poniendo el foco en las centrales de carbón cuya tasa de uso fue de apenas un 15 %. Se pudo comprobar también una significativa mejora en la producción eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica, resultante de la entrada en funcionamiento de nuevas plantas e incrementando en 124 MW la capacidad instalada en Portugal.

2021 previsiblemente será el año del inicio de una nueva era, no solo para el sector de las renovables, sino para toda la economía y sociedad en general. Tras la completa paralización de la economía, que nadie imaginaba, fruto del impacto del Covid-19, el nuevo año trajo consigo una nueva perspectiva de la sociedad y de recuperación económica que exigirá una reestructuración que nos permita ser más independientes, pero al mismo tiempo que consolide el importante papel de una Europa unida.

Este paso sitúa a la transición energética y a la neutralidad climática en el centro de tan ansiada reestructuración, como motores para la transformación de una sociedad más sostenible y resiliente, la cual precisa de pilares estructurales clave como la reindustrialización, la digitalización y la electrificación renovable directa e indirecta de la economía, junto con un fortalecimiento de la cualificación y el conocimiento de la población, la adaptación, la innovación y la investigación.

“2021 previsiblemente será el año del inicio de una nueva era, no solo para el sector de las renovables, sino para toda la economía y sociedad en general ”

Uno de los puntos que deberá observar una evolución en los próximos tiempos está relacionado con la movilidad. En la Unión Europea (UE) y en Portugal, el sector de los transportes aún depende mayoritariamente de los combustibles fósiles. Europa es responsable actualmente de un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del planeta, del cual el 71,7% proviene del transporte por carretera. Y estos valores van en aumento. En Portugal, el escenario es similar, con el sector del transporte ocupando el segundo lugar entre los factores responsables de las emisiones de GEI con un 25,6% de las emisiones en 2018.

La Comisión Europea (CE) viene adoptando agendas políticas ambiciosas. Así, se ha propuesto para 2030 el objetivo de reducir las emisiones en un 30 % (en comparación con 2005) para los sectores no cubiertos por el Comercio Europeo de Licencias de Emisiones, donde sí se encuentra el transporte, el cual repercute en los objetivos portugueses vinculantes a incluir en los Planes de Energía y Climáticos de 2030 (PNEC 2030) por los Estados miembros.

Con la perspectiva puesta en que los Vehículos Eléctricos (VE) sean la solución más rentable para el transporte individual de pasajeros a corto-medio plazo, existe todavía un largo recorrido hasta garantizar el cumplimiento de estos anhelos. Resulta, pues, esencial aumentar la oferta de vehículos en el mercado automovilístico, crear infraestructuras de recarga y abastecimiento, una producción sostenible de baterías y crear soluciones para su reciclaje en Europa. Se prevé que hasta 2025 sean necesarias cerca de un millón de estaciones públicas de abastecimiento y recarga para los cerca de 13 millones de vehículos con niveles de cero o bajas emisiones que circulan por las carreteras de la UE.

A pesar de las políticas de incentivo fiscal para la compra de VE, Portugal presenta todavía una infraestructura de recarga eléctrica muy deficitaria, la cual desmotiva a los potenciales usuarios a adoptar esta nueva energía para su movilidad. En 2019, Portugal disponía de un parque de VE de cerca de 84.615 unidades, con apenas 2.252 puestos de recarga. Y todavía muchas de estas estaciones son de baja potencia, lo que implica unos periodos largos de recarga. Además, algunas de ellas a menudo están inoperativas por un funcionamiento deficiente. Aun así, el número de puntos de carga rápida han aumentado y actualmente hay en funcionamiento cerca de 250, más otros 80 que se encuentran en proceso de instalación o planificación. También la lenta adaptación de los edificios y fincas a esta nueva tecnología pesa mucho como factor negativo para el usuario a la hora de abrazar la energía eléctrica para su movilidad, viéndose obligado a recurrir a la red de carga pública existente.

Frente al elevado coste de un VE, los países europeos han aplicado incentivos fiscales para su compra. Portugal no se encuentra en el top 10 europeo; sin embargo, los Incentivos para la Introducción en el Consumo de Vehículos de Bajas Emisiones 2020, derivado del Fondo Medioambiental, suma al proyecto 4 millones de euros adicionales, más de 1 millón en comparación con 2019. De esta cifra, 2,7 millones de euros van destinados a incentivos para la compra de vehículos ligeros de pasajeros, mientras que para personas particulares el incentivo es de 3.000 € y para personas jurídicas de 2.000 €. Sirve también como incentivo el hecho de que el estacionamiento sea gratuito o con grandes descuentos para este tipo de vehículos en muchas ciudades. Desde 2010, año de lanzamiento de la red Mobi.E, cuando las recargas eran gratuitas, hemos pasado a pagar por este servicio desde julio de 2020. Las cargas rápidas ya se venían pagando desde 2018, dependiendo del precio estipulado por la Comercializadora de Electricidad para la Movilidad Eléctrica (CEME).